La crítica de los expertos al bono joven: "Este tipo de medidas acaban entre un 30% - 80% en manos del arrendador"

Las recientes medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes han levantado críticas tanto de expertos como de sindicatos y políticos. El plan, que contempla una partida de 200 millones de euros para ayudar a los jóvenes con una bonificación de 250 euros mensuales en el alquiler, está siendo cuestionado.

Las medidas llegan tras las manifestaciones del pasado domingo que hicieron salir a la calle a miles de personas en distintas ciudades de España. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Gobierno es consciente de la situación crítica del mercado del alquiler, en el que los precios han subido un 7,4% de media entre julio y septiembre. En una declaración pública, Rodríguez admitió que se trata de una "emergencia social" y expresó su comprensión ante el malestar generalizado de la población. "Hemos regulado el mercado del alquiler", asegura. Además ha instado a las comunidades autónomas a aplicar las normativas estatales para aliviar la situación.

Críticas de los expertos y los sindicatos

A pesar de estas declaraciones, varios expertos han expresado sus reservas sobre la efectividad de la medida. Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, advierte que este tipo de ayudas pueden terminar beneficiando más a los propietarios que a los inquilinos. "Este tipo de medidas acaban en gran medida entre un 30% y un 80% en manos del arrendador", afirma Galindo.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos ha emitido un comunicado en el que acusó al Gobierno de estar del lado de los "rentistas". "El Gobierno ha escuchado a los rentistas. Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre".

Según Roxana Carp, portavoz del sindicato, estas ayudas no solucionan el problema de fondo. También han anunciado la posibilidad de convocar una huelga de alquileres, instando a los inquilinos a dejar de pagar sus mensualidades en señal de protesta. Desde el sindicato exigen una reducción inmediata del precio de los alquileres en un 50%.

Críticas desde dentro del Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también ha manifestado su disconformidad con las ayudas anunciadas por Sánchez. En su intervención en el evento 'World in Progress', Díaz ha calificado las medidas como insuficientes y argumenta que benefician a los "rentistas" en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis del alquiler. Para Díaz, la clave está en intervenir de manera directa en el mercado de la vivienda mediante cambios legislativos que regulen los precios de forma efectiva.

Entre las propuestas de Díaz se incluye la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres turísticos y gravarlos con un 21% de IVA. La vicepresidenta también ha propuesto imponer una restricción temporal a la compra de viviendas que no se destinen a ser una primera residencia o para alquileres a precios justos, especialmente en zonas con alta especulación.

Díaz ha señalado que estas medidas son esenciales para reducir la presión especulativa que afecta a los barrios más tensionados y proteger a los ciudadanos del encarecimiento del alquiler. Asimismo, advirtió sobre la posible resistencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) a aplicar las normativas estatales en materia de vivienda. Según la vicepresidenta, en caso de desobediencia, el Gobierno debería considerar retirar las ayudas públicas que reciban esas regiones.

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