La Plataforma de Afectados por la Hipoteca considera que la nueva norma cede ante los bancos. Por eso, han exigido, entre otras cosas, que la moratoria no se aplique sólo a las familias más vulnerables.
En palabras de la portavoz de la PAH, Ada Colau, exigen que "se rectifique inmediatamente, que entre las decisiones urgentes se incorporen medidas retroactivas que liberen a las familias de unas deudas inasumibles y que la moratoria de desahucios se amplie".
Las asociaciones de consumidores también se han pronunciado sobre el real decreto. Creen que la línea roja sobre el nivel de renta deja muchos hipotecados fuera. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, asegura que "la valoración de la medida es positiva aunque muy escasa".
Sin embargo, los economistas están de acuerdo en limitar su alcance para evitar el fraude. Miguel Ángel Bernal, del Instituto de Estudios Bursátiles, argumenta que "la medida tiene que ser restrictiva porque, si es muy amplia, podría comportar problemas graves".
La patronal de la banca y las cajas de ahorro respaldan el real decreto. Dan la bienvenida a las medidas pero critican que son las entidades de crédito quienes finalmente van a tener que asumir con el coste.