"Derecho a reparar": la UE apuesta por arreglar los aparatos eléctricos en lugar de tirarlos

Arreglar o comprar otro nuevo. Es el dilema al que se enfrentan los consumidores cuando un aparato eléctrico se estropea. "Yo siempre procuro reparar, me gusta pedir presupuesto", cuenta un usuario. "Yo llamo al servicio técnico y muchas veces son ellos los que dicen que te cuesta 300 euros la reparación y 250 una lavadora nueva, entonces ya te lo planteas", razona otra consumidora.

Al menos hasta ahora. Porque la Unión Europea apuesta por el llamado "derecho a reparar", y lo ampara con una nueva ley. Fomentando que los consumidores puedan realmente elegir entre la reparación o la sustitución de un aparato. ¿Qué contempla la nueva normativa?

Por un lado, se amplía la garantía legal de los productos hasta doce meses más. Y una vez que acabe la garantía, el fabricante seguirá obligado a reparar los productos que sean reparables, y a un precio asequible y razonable. "Para un comerciante quizás es más importante vender que reparar, pero si quieres mantener la clientela fiel tienes que darle ese servicio de reparación", explica Alfredo Gosálvez, secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).

"El 80% de los clientes optan por la reparación", relata Omar Chebihi, dueño de Reparaciones "El Experto". Él lleva años reparando móviles, ordenadores y tablets. En general, asegura, "si el móvil no está obsoleto, arreglar siempre es mejor, es más barato que comprar uno nuevo". Pero a veces las ofertas son muy tentadoras.

Además, la nueva legislación recoge que el consumidor también podrá pedir un dispositivo de sustitución mientras se repara el original. Y otro punto importante es que tendrá acceso online, de forma gratuita, a talleres de reparación cercanos, piezas de repuesto y precios orientativos.

"La clave es la facilidad con la que un consumidor pueda llegar a conocer que puede llevar a un determinado servicio de reparaciones un articulo al que ya se le pasó la garantía, o que pueda autorrepararlo, es decir, pueda acceder a las piezas", detalla Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

Objetivo: reducir el impacto medioambiental

El objetivo es alargar la vida útil de los productos, y sobre todo reducir el impacto en la naturaleza. La electrónica es la fuente de residuos que más crece en la UE y las cantidades que se reciclan no son suficientes. Se estima que la eliminación prematura de estos bienes genera casi 250 millones de toneladas de emisiones de CO2.

Cierto es que al propósito medioambiental también contribuyen los ahorros energéticos: aparatos eficientes que consumen menos energía y menos agua. Desde FECE lo ejemplifican así: "Si una familia cambia todos los electrodomésticos de su casa por los nuevos más eficientes, respecto a unos que había hace diez años, el ahorro es de unos mil euros al año y de treinta litros por cada ciclo de lavado", detalla Gonsálvez.

Pero esto también tiene una parte negativa. "Valoremos un poco qué recorrido le queda al electrodoméstico antiguo, porque ese nuevo electrodoméstico, aunque sea eficiente, tendrá que durar muchos años para compensar la huella de haberlo producido y haberlo traído a casa", explica Fernando Valladares, científico del CSIC y profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

De momento, solo aparatos eléctricos

Él lleva años hablando del "derecho a reparar", que comenzó como un movimiento social de personas preocupadas por conservar los aparatos que todavía seguían teniendo utilidad y valor. "Tenemos que cambiar la mentalidad de disfrutar de lo nuevo, por la mentalidad de disfrutar de una cosa que ha estado siempre contigo", añade.

Aunque la ley está pensada para dispositivos y aparatos eléctricos, la lista podría ampliarse en un futuro, incluyendo por ejemplo ropa y calzado. Esto contribuiría también a reducir el desperdicio textil. Solo en España se generan 890.244 toneladas de residuos textiles al año. O lo que es lo mismo, 19 kilos de ropa por habitante.

La directiva ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, y próximamente lo hará el Consejo. Entonces, cuando se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrará en vigor. Los países miembros tienen como máximo dos años para aplicar la nueva directiva europea, incorporándola a su legislación. En España, probablemente se materializará en una Ley de Consumo Sostenible.

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