La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama de fraude en la compraventa de metales preciosos, en una operación que se ha saldado con la detención de 30 personas en Madrid, Barcelona y Córdoba. Relacionadas con una red de empresas diseñadas para justificar la procedencia de metales preciosos conseguidos de forma ilegal.
Según ha informado este domingo la Dirección General de la Policía, a los detenidos se les imputan delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por un fraude superior a los 2,5 millones de euros.
Los más de 150 agentes que han participado en el operativo han practicado 14 registros en Madrid, cuatro en Barcelona y dos en Córdoba, todos ellos en relojerías, joyerías, sedes de empresas, domicilios y un despacho. Además, se han incautado más de 400 kilos de plata y 20 de oro en diferentes formatos (pre-lingotes, granalla, láminas o joyas), varios diamantes y otras piedras preciosas y 476.826 euros, 11.517 dólares USA y 5.970 francos suizos en efectivo; y se ha ordenado el bloqueo judicial de activos financieros de cuatro empresas por un total de 458.440 euros.
Las investigaciones arrancaron en diciembre de 2013 en Cantabria sobre una empresa que estaba tratando de vender láminas de oro de 24 quilates presentando una factura para justificar la procedencia del metal que mostraba ciertas irregularidades. Los agentes se percataron entonces de la existencia de una serie de empresas que habrían diseñado un entramado para la defraudación del IVA y la justificación de la procedencia de los metales obtenidos al margen de la legalidad.
Según la Policía, la mayor parte del oro y plata con el que comerciaban se producía al margen de los requisitos exigidos en la ley, sin ningún tipo de control policial o administrativo. Además, las empresas no registraban los metales en los preceptivos Libros de Policía, de hecho la mayoría carecía de ellos, incumpliendo las obligaciones de comunicación y de conservación hasta que se verifique la legitimidad de la procedencia del mismo.
De este modo, las irregularidades detectadas por los agentes no sólo afectaban a estos libros de registro, sino también a la procedencia y trazabilidad de los metales preciosos comercializados, a la veracidad sobre su facturación y al cumplimiento de las obligaciones fiscales, fundamentalmente en declaraciones de IVA.
El trayecto seguido por el metal precioso con el que comerciaban pasaba desde los pequeños proveedores a varios intermediaros y hasta las grandes fundiciones o distribuidores. Los datos disponibles apuntaban a un entramado creado para dar salida a metal no registrado de dudosa procedencia, de hecho posiblemente proveniente de delitos contra el patrimonio o contrabando.
Las operaciones de compraventa de metal realizadas a través de las sociedades implicadas bien no eran registradas -quedando, por tanto, en el ámbito de la economía sumergida y dejando de ingresar los correspondientes impuestos-; bien se registraban con facturación falsa para cuadrar la contabilidad y justificar las transferencias de dinero entre empresas, implicando falsas declaraciones ante la Hacienda Pública y obteniendo beneficios fiscales indebidos.
Las empresas, que eludían la responsabilidad tributaria del ingreso del IVA, eran instrumentalizadas por terceros mediante testaferros. Concretamente, la operativa detectada era la realización de transferencias bancarias a estas sociedades pantalla, obteniendo de nuevo el dinero a través de disposiciones en efectivo por parte de los testaferros. El dinero en metálico sería utilizado para la adquisición de los metales de procedencia presuntamente ilícita a los verdaderos proveedores de metal.
