Fraude

Detienen 25 personas por presuntamente defraudar más de 4 millones a la Seguridad Social

Entre las 25 personas detenidas por fraude a la Seguridad Social hay funcionarios públicos y trabajadores de banca.

La Policía Nacional detiene a 25 personas de una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros, mediante la capitalización de prestaciones de desempleo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, con más de 400 expedientes ilícitos identificados.

La investigación policial llevada a cabo desveló que en el entramado había funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros.

Los agentes arrestaron a las personas vinculadas a la red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en varios puntos de Madrid. Una organización que cuenta con una estructura distribuida en cinco eslabones. Entre los detenidos se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigación se remonta a años atrás, en concreto a diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de algunos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. Se detectó el acceso injustificado a varios expedientes relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo.

La semana pasada se llevaron a cabo 16 registros en viviendas y oficinas de Madrid y se detuvo a 25 miembros de la red, que fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

En los registros se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y documentación, entre otros.

Millones de euros defraudados a la Seguridad Social

La organización contaba con dos hombres que hacían de directores de la red y se dedicaban a captar clientes. También eran los estrategas de la banda y calculaban el margen de beneficio de cada prestación, "que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización", recoge 'Europa Press'.

Estos encargados establecían los contactos con los clientes y los dirigían a una gestoría del distrito de Latina en Madrid. En dicha gestoría se formalizaban los trámites necesarios para las solicitudes. Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para comprar vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, las compras eran acreditadas mediante facturas falsas.

A cambio, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. "Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios".