El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, "diseñaron una estrategia" para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales al empresario Angel de Cabo con el fin de "aparentar su insolvencia patrimonial".
Así consta en un auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que decreta el ingreso en prisión eludible con una fianza de 30 millones de euros del expresidente de la patronal, al que imputa indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El juez, que justifica el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de "riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia", sostiene que el expresidente de la patronal y su socio habrían desarrollado "una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros", con lo que provocaron un fraude que afectó a "más de 10.000 acreedores".
La resolución judicial revela que "del primer término de la investigación policial" se desprende que Díaz Ferrán y Pascual "acordaron" con De Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso".
De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans "bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos", aunque en realidad a él sólo le movía el "ánimo de lucro". Para ello, dirigía "una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional" que incluía "una red de colaboradores y testaferros".
100.000 euros mensuales
A cambio, el empresario entregaba 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios de Marsans hasta que ambos recibieran, respectivamente, una suma de 8 millones de euros. Díaz Ferrán recibió las "mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo", para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia "cada dos o tres semanas". Pascual, sin embargo, no recibió "ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".
Según la resolución judicial, el entramado de De Cabo recurría a "varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales", entre los que se encontraban "la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumenatales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos".
Del mismo modo, sus empresas llevaban a cabo "otros negocios jurídicos", entre ellos "operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares, la realización de operaciones sin un sentido económico aparante, estructuración y fraccionamiento en cortos espacios de tiempo y el uso de paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo".
