Todos los ex altos cargos del PSOE del gobierno de Rodríguez Zapatero, que son diputados, dicen no al cobro de la indemnización a la que tienen derecho por ley.
Con esta medida, dejarán de percibir cerca de 80.000 euros. Entre el centenar de afectados están el propio expresidente Rodríguez Zapatero o la exvicepresidenta Fernández de la Vega que, aunque no son diputados, sí tienen un cargo público en el Consejo de Estado.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 13 elimina la posibilidad de que los altos cargos compatibilizaran durante un máximo de dos años el cobro de esta indemnización con cualquier otra percepción pública o privada y estableció por ley que los afectados eligieran entre una y otra.
La norma fue una medida acordada con el PSOE, que además ha dado una instrucción a sus diputados, a través de una carta enviada por la dirección del grupo socialista, con el apoyo de la Ejecutiva, para que renuncien a la indemnización. Se prevé que cobren el sueldo como parlamentarios, que es la tarea que desempeñan actualmente.
Por su parte, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, envió la semana pasada una misiva a los diputados socialistas que cobraban desde enero esa cesantía instándoles a renunciar a la misma, cuya cuantía oscila entre los 70.000 y los 80.000 euros anuales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también ha remitido una misiva a los posibles afectados con un cuestionario en el que se les emplaza a decantarse por una u otra opción antes del 1 de agosto, que es cuando entra en vigor la medida.
Uno de los primeros en responder ha sido el propio Zapatero, según han confirmado fuentes de su entorno, que se quedará con el sueldo que percibe como miembro del Consejo de Estado, al igual que su ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el único que renunció en su día, cuando abandonó el Gobierno hace algo más de un año, a percibir la indemnización por cesantía.
Además, la incompatibilidad de sueldos rige también para los que hayan ejercido como presidentes del Congreso y del Senado, así como para los expresidentes y exconsejeros de los organismos reguladores, como es el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ha estado al frente del Banco de España hasta hace unas semanas.
