Exdirectivos de Caja Madrid que se han visto afectados por la supresión del derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad por un importe conjunto de 25 millones de euros se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril, informaron fuentes próximas a los afectados.
Las mismas fuentes explicaron que es previsible que la mayoría de exdirectivos afectados por la medida esperen hasta el 31 de marzo, fecha en la que estaba programada la nueva dotación al plan de incentivos, para adoptar una decisión sobre la defensa de sus intereses, que podría pasar en algunos casos por una negociación directa con la caja y en otros por acudir a los tribunales de Justicia.
Lo que descartan los afectados es agruparse y plantear una iniciativa legal conjunta en defensa de sus derechos, dado que el plan de incentivos tenía un carácter individual, pero sí ven probable que algunos opten por entrar en una "batalla judicial".
Las mismas fuentes entienden que, con la decisión aprobada por unanimidad del consejo de administración de Caja Madrid de finalizar, no renovar, y no reconocer el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección, se han "conculcado los derechos" de un grupo de trabajadores con quienes la entidad mantenía un "compromiso salarial".
Asimismo, descartaron que la concesión de 4.465 millones de euros en ayudas públicas al SIP que lidera Caja Madrid a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dé a los nuevos gestores base legal para incumplir los compromisos salariales ya pactados con anterioridad con sus directivos y aprobados por el consejo de administración de la entidad.
A este respecto, recordaron que hay muchas empresas que reciben subvenciones y ayudas públicas y eso no les exime de cumplir sus compromisos salariales con su plantilla.
Exdirectivos explicaron que el máximo órgano de gobierno de la entidad aprobó "por unanimidad" en 2006 este plan a propuesta de la Comisión de Retribuciones, que entonces presidía Morán Santín (IU), y que fue la que fijó la cuantía a percibir por los beneficiarios.
Con este plan se pretendía conseguir un mayor crecimiento del balance y cuenta de resultados de la caja, así como fidelizar a los directivos para lograr su implicación total y evitar su fuga a otras entidades.
El plan, que consolida derechos de forma anual, se aplica mediante dotaciones a un plan de pensiones en función de la evolución de la entidad en un periodo de 13 años que abarca desde 1997 a 2007, mediante un multiplicador que mide el beneficio de la caja y otros parámetros como el sueldo de los directivos, reflejando tanto los aumentos como los descensos de ingresos en el periodo, según los exdirectivos. Por su parte, la caja circunscribe el plan al periodo 2007-2010.
El final del programa, fijado en 2010, sólo se dejaría de aplicar a los beneficiarios en dos supuestos: cese improcedente y fallecimiento.
