Están en el punto de mira. Puerta a puerta, los inspectores de la Agencia tributaria rastrean las viviendas y bloques de apartamentos en la costa que ahora se alquilan en vacaciones. El objetivo, comprobar si hay fraude, ya que el Estado puede dejar de ingresar hasta 1.200 millones de euros anuales.
Es el segundo verano que Hacienda pone en marcha esta campaña. Piden contratos, preguntan a los vecinos y hasta cruzan sus datos con los del consumo de luz.
El objetivo es comprobar que si hay iniquilino, los propietarios lo declaren. El último dato de los técnicos de Hacienda calcula que casi siete de cada diez alquileres en la costa están fuera de la ley.
"En la costa se produce más este tipo de fraude porque al ser arrendamientos de muy poco tiempo pues en buena emdida facilita el que permanezcan ocultos y el fisco no se entere", cuenta Manuel Redal, del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
La bolsa de fraude se alimenta en gran medida de las ofertas que abundan en Internet. Por ejemplo, segundas viviendas cuyos dueños alquilan a un precio inferior al de mercado, porque lo hacen sin contrato y sin impuestos. En definitiva, una competencia desleal para hoteles y otros alojamientos, según la patronal.
El sector espera que las inspecciones de Hacienda ayuden a reducir el número de alojamientos turísticos ilegales, cuyo fraude en toda España se estima en 1.200 millones de euros anuales.
