Huelga de tranpostre
Dos personas detenidas y 11 investigadas en Castilla y León por incidentes durante el paro del transporte
El Gobierno asegura que dará "una respuesta contundente" a la escalada de la violencia
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El quinto día de paro en el transporte deja, como los anteriores, más altercados y detenciones. Así, las fuerzas de seguridad han detenido a dos personas y han investigado a otras once por diversos incidentes registrados durante la huelga del transporte en Castilla y León, donde la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha avisado de que se dará una respuesta contundente y proporcional a esta escalada de violencia.
En concreto, están siendo investigadas once personas en León por delitos continuados de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial, ha sido detenida una persona por un delito contra la seguridad vial en Onzonilla, también en la provincia leonesa, y ha sido arrestada otra en Segovia por intentar agredir a un camionero, en el marco del paro indefinido convocado el pasado lunes por Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera para protestar, entre otras cosas,
La delegada del Gobierno ha dado a conocer estos datos en rueda de prensa, en la que ha hecho balance de los cinco días de convocatoria del paro en este sector, una situación que está más o menos controlada, ha dicho, y ante la que las fuerzas de seguridad darán una respuesta proporcional a la escalada de violencia que se está produciendo, ha advertido.
El lunes, primer día de paro, un piquete resultó herido de bala en Madrid después de forcejear con un agente de policía de paisano.
Tres camioneros heridos
Barcones ha detallado que al menos tres camioneros han resultado heridos en manos y ojos este viernes porque grupos de piquetes les arrojaron piedras desde puentes elevados en Salamanca y León y les rompieron las lunas, además de reportarse decenas de pinchazos en ruedas de camiones.
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Ha alertado de que se disolverá cualquier tipo de piquete que use la fuerza, una forma de actuar prohibida en España, donde existe el derecho a la información pero no a la coacción o las amenazas, ha concluido.
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