La Generalitat no participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno ha convocado para este miércoles, según ha comunicado por carta el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno ha convocado la reunión con un único punto en el orden del día referido de nuevo a la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las comunidades autónomas para el periodo 2019-2021, antes de volver a presentar en el Congreso la misma senda de estabilidad rechazada a finales de julio.
La nueva reunión del CPFF se producirá después de que el Congreso rechazase el 27 de julio la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recoge los objetivos de déficit y deuda pública para 2019-2021 --del 0,3% del PIB para 2019, el 0,1% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria para 2021--.
"Los motivos que justifican la no participación son fundamentalmente los mismos que justificaron nuestra ausencia en las convocatorias anteriores y que hemos tenido ocasión de comentar en varias ocasiones", afirma Aragonès en la carta. El también conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat argumenta que el mecanismo actualmente fijado para la toma de decisiones en el CPFF, la propia composición del pleno y la mayoría de votos reservada al Ministerio "dificulta que sea un espacio propicio para la adopción de consensos efectivos y debates productivos".
Aragonès recuerda que el 1 de agosto se celebró la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat "que abre un nuevo espacio" que, a juicio del Govern, es más adecuado, teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Catalunya. Ha indicado que en esa reunión se acordó convocar tres comisiones mixtas y cuatro subcomisiones, entre ellas la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, y ha añadido que, en el marco de esta última, le gustaría trasladar a la ministra la disconformidad del Govern con la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de comunidades autónomas.
La Generalitat considera que el reparto de los objetivos de déficit entre los diferentes niveles de administración pública en el periodo 2019-2021 "no únicamente son desproporcionados" sino que tampoco cumplen lo establecido en la ley de estabilidad presupuestaria y financiera. Aragonès argumenta que el ajuste excesivo en los presupuestos de las comunidades autónomas en favor de un mayor margen por parte de la Administración General del Estado "no únicamente tiene un evidente efecto recentralizador", sino que también a las administraciones públicas que cargan con la mayor responsabilidad en la prestación de servicios del Estado del Bienestar.
