TAE, prima de riesgo.... uno de cada cuatro españoles carecen de conocimientos financieros

Uno de cada cuatro españoles reconoce desconocer las condiciones y comisiones de los productos financieros que contratan, lo que se traduce en más de 7 millones de personas en nuestro país que carecen de conocimientos en materia financiera. Así lo revelan los informes que apuntan que la falta de cultura económica es alarmente en España.

Son en su mayoría jóvenes quienes le cuestan identificar términos tan básicos y esenciales como son el TAE o el Euribor, fundamentales a la hora de firmar cualquier contrato hipotecario. Esta carencia facilita que los individuos o familias sean objeto de abusos o estafas por parte de los bancos o entidades -como fue el caso de las preferentes que destapoó la crisis-.

Ante la falta de cultura, el Banco de España y hasta las propias entidades financieras claman más formación en materia económica ya desde la educación secundaria.

Calviño revivindica la educación financiera para proteger a los ciudadanos de su posición de desventaja

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha reivindicado este lunes la educación financiera como "primera línea de defensa" de la ciudadanía ante la "posición de desventaja" en la que se encuentra el ciudadano y la "asimetría de información" de la que dispone respecto a las empresas del sector financiero en el marco de la celebración los actos de celebración del Día de la Educación Financiera en la sede del Banco de España en Madrid.

Calviño ha señalado que "el ciudadano siempre está en una posición de desventaja con respecto al operador económico" y que, por ello, "la primera línea de defensa tiene que ser una buena formación". En este sentido, ha reconocido que "esto no es suficiente", y que por ello es necesario "tener una buena regulación que garantice la estabilidad financiera de las entidades", una regulación "de su comportamiento y su conducta" y también "mecanismos eficaces para proteger a los ciudadanos cuando hay conflicto", así como una labor de los organismos supervisores "que garantice la protección del ciudadano".