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un nuevo hito en la 'guerra' abierta
El Gobierno aprueba una moratoria de 4 años para que las comunidades adapten la nueva normativa VTC
El Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que regulará los VTC, una medida que busca transferir las competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Serán ellos, y no el gobierno, los que concedan las licencias a estas plataformas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley sobre regulación de actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Esta norma fija un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas adapten su legislación.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado al término del Consejo de Ministros que esta moratoria permite a las VTC adaptarse a la nueva regulación o reclamar una indemnización que será calculada, en su caso, si quieren trabajar en el ámbito urbano.
La norma incluye que, tras los cuatro años de periodo transitorio, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. El real decreto ley será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes.
La medida supone un nuevo hito en la 'guerra' abierta desde hace años entre este nuevo modo de transporte urbano surgido al calor de las nuevas tecnologías y el tradicional sector del taxi. La iniciativa ha sido demandada y aplaudida por los taxistas, pero el gremio considera excesivo el plazo de varios años que, según indican fuentes del sector, el texto dará a las regiones para adecuar su normativa a la regulación de las VTC. Este plazo o moratoria superaría el máximo de tres años que el taxi considera razonable para que sea efectiva.
De su lado, las VTC rechazan de plano la medida al considerar que conllevará restricciones a su actividad mediante la obligación de solicitar segundas licencias para operar en determinadas ciudades, como la que Barcelona quiso articular el pasado verano.
Asimismo, tampoco cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estiman que sólo supondrá traspasar un problema o "multiplicarlo por 17".
De su lado, el Ministerio de Fomento considera razonable que, como transporte urbano, las VTC sean gestionadas por las administraciones autonómicas y locales al igual que el taxi y el resto de los transportes públicos de sus territorios.
También apunta que la medida, anunciada por el titular del Departamento, José Luis Ábalos, en medio de los paros que los taxistas de las principales ciudades secundaron a comienzos de agosto, será de carácter voluntario para los gobiernos autonómicos, además de articular el referido "periodo de adaptación" de varios años.
Por contra, y según las mismas fuentes, la norma no contempla expropiaciones de licencias, pero introducirá una nueva tipificación de sanción de carácter muy grave por la que se retirará la autorización a un VTC o un taxi cuando acumulen un determinado número de infracciones graves.
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