El Gobierno abre la puerta a poner peajes en las principales autovías y autopistas públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras. Este cambio llega después de que Iberpistas fuera multada con 30.000 y 1.200 euros por el caos sucedido los días 6 y 7 de enero de este año que dejó a miles de usuarios atrapados, en virtud de las sanciones previstas en la Ley de Carreteras vigente.

Se introducen varias modificaciones, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general, en la Ley de Carreteras, ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha subrayado que tras lo ocurrido en enero se vio que era necesario actualizar el importe de las sanciones. Para ello incluye la tipificación de una nueva infracción muy grave para sancionar la eventual negligencia de las empresas concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurren circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente.

Por otra parte, el Ministro ha abogado por pactar el futuro de las autovías y autopistas, únicas infraestructuras de transporte que se pretende que sean gratis. La red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, "es la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita", cuando por el resto se paga. Ha recordado que por el uso de los puertos, los aeropuertos y las vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones.

Además, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no han ninguna contribución por parte de ninguno de los usuarios, "ya no digo los vecinos, si no los turistas o comerciales-camiones-", que producen un deterioro de la vía y sin reversión alguna, ha aseverado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ábalos ha insistido en que se mantiene la decisión de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura y que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente.

Las autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión finaliza el 30 de noviembre, y las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019.