La comisión del Pacto de Toledo aprobó este martes las recomendaciones para reformar las pensiones al recibir 30 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. La comisión dio luz verde al borrador con una veintena de recomendaciones que establece que las pensiones se actualicen con el IPC real y se garantice esta revalorización por ley.
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Bildu y ERC anunciaron que presentarán votos particulares al texto, para lo que el plazo se cierra a las 14.00 horas del 4 de noviembre.
Posteriormente, el texto se elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, que podría ser en dos semanas, según apuntó la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio. Valerio destacó que las recomendaciones son “un punto de partida” y a partir de ahora, “esta comisión va a seguir muy pendiente” de que las recomendaciones se materialicen en las normas correspondientes.
Reacciones de los partidos políticos
Por parte de los grupos parlamentarios, desde el PSOE, la portavoz, Mercé Perea, destacó que con las recomendaciones se lanza “un mensaje de certidumbre y confianza, con mandatos claros al Gobierno” como el de resolver el déficit del Sistema en 2023 y quiso valorar que el texto dedique una recomendación a las personas con discapacidad, que “no son invisibles”.
En respuesta velada a Vox, Perea dijo que las “posturas tremendistas y agoreras no llevan a nada”, y puso de relieve que el consenso alcanzado hoy es “trascendental” en cuando al camino que marca para unas “pensiones dignas y suficientes y un sistema sostenible económicamente”.
Por parte del PP, Tomás Cabezón destacó la disposición de su grupo a pactar, lo que “requiere estar dispuesto a hacer renuncias” y destacó que “el PP es la alternativa de Gobierno frente a otros grupos que no entran a los acuerdos”.
En este sentido, puso el acento en que el PP “siempre está” en los asuntos relevantes para el país y que “no acepta trágalas y pactar no es tragar”. Cabezón incidió en la defensa del sistema público de pensiones y reivindicó que la reforma laboral del PP de 2012 no se derogue y se acometan reformas estructurales en todo el ámbito económico.
Por parte de Unidas Podemos, Aína Vidal destacó que el acuerdo “blinda el carácter público de nuestras pensiones” y María Pita consideró que es “un paso hacia la sostenibilidad” del Sistema.
Las recomendaciones pactadas recogen, además de la revalorización con el IPC real y de eliminar el déficit no más tarde de 2023, acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación mejorando la compatibilidad de la pensión y el trabajo, y evitar las prejubilaciones adaptando los incentivos existentes.
El Pacto de Toledo también contempla que, en los casos de carreras laborales muy prolongadas, se podría valorar descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger un tramo específico sobre el que calcular la cuantía de la pensión.
