La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado la detención y puesta en libertad de estas personas, entre ellas compradores a las que el vendedor del vehículo nuevo ofrecía la posibilidad de transferir a su nombre un coche que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
Así, los concesionarios enviaban a los interesados a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por la que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de que un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) denunciase que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos de La Solana, también en la provincia de Ciudad Real.
La Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en el establecimiento.
Entre los detenidos figuraban 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas y a quienes se imputa por estafa; 11 relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, imputados de estafa y en algún caso falsificación de documentos, y 20 titulares, gerentes o empleados de gestorías, imputados por usurpación de identidad y falsificación para cometer la estafa.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas (Ciudad Real) y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real.
En el transcurso de la investigación se han descubierto varias irregularidades y se ha intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en ese centro para su baja definitiva.
Los agentes han constatado que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan PIVE, destinado a la renovación del parque automovilístico nacional para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
