El plazo se agota y el 13 de enero se perfila como día clave. Los agentes sociales volverán a negociar,-a partir del lunes, los puntos más espinosos de la reforma laboral.
La CEOE propone congelar los salarios hasta 2014 y un 'contrato anticrisis' con un despido de 20 días por año. Propuestas que "chocan" con los sindicatos. El Ejecutivo ya ha advertido de que es imprescindible una reforma laboral y de que saldrá adelante "con o sin acuerdo".
Los sindicatos y la patronal presentarán su pacto de reforma laboral al Gobierno la semana que viene, previsiblemente antes del Consejo de Ministros del viernes 13, según fuentes de la negociación.
Ya hay un acuerdo en materia de solución extrajudicial de conflictos y, a falta de concretar algunos detalles, en los próximos días se cerrarán otros relacionados con la mejora de la formación continua, las mutuas de trabajo o la racionalización de los días festivos.
El pasado 30 de noviembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió al presidente de la CEOE, Juan Rosell, y a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, que presentaran sus propuestas conjuntas después de Reyes.
Dichas propuestas incluyen negociación colectiva, la contratación, el absentismo laboral, solución extrajudicial de conflictos, las empresas de trabajo temporal (ETT) y la formación.
Pese a la dificultad de las negociaciones en materia de salarios, contratos y despidos, parece más cercana la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Los sindicatos se han mostrado dispuestos a aceptar que el sueldo suba por debajo de la inflación, pero no que se congele, al tiempo que han comenzado a considerar el fomento de la contratación a tiempo parcial para impulsar la creación de empleo, pero siempre que se preserven los derechos de los trabajadores.
Las organizaciones sindicales también podrían aceptar el "descuelgue" empresarial, que permitiría a las empresas no cumplir lo pactado en los convenios colectivos en caso de necesidad. No obstante, este tipo de medidas se considerarían excepcionales por la gravedad de la situación económica y serían reversibles, por lo que los sindicatos son partidarios de fijar mecanismos para que cuando mejore la coyuntura los trabajadores se vean compensados.
CCOO y UGT se comprometen a una política de moderación salarial, pero insisten en que debe haber control de precios y limitación de beneficios empresariales, así como la obligación de que las empresas reinviertan parte de sus ganancias. Por ello, plantean que los empresarios que no actúen en este sentido no se puedan acoger a deducciones o bonificaciones.
