España, entre los países advertidos de sanción por Bruselas si no controla su deuda

La Unión Europea ha decidido parar los permisos continuos en materia fiscal que llevan en vigor desde el inicio de la pandemia y que se prorrogaron con la Guerra de Ucrania. La nueva iniciativa contempla multas y sanciones mucho más automáticas para aquellos países que sean incumplidores, a cambio ofrecer una mayor flexibilidad. Los países podrán crear su propio ritmo de ajuste, siempre con la supervisión de Bruselas.

Una normativa clara

La reglas estaban claras, los países miembros de la UE no podían gastar más de lo que ingresaban, tomando como referencia el 3% del PIB. Una vez se traspasase ese límite, las naciones incumplidoras se sometían a protocolos de déficit excesivo, por lo que se veían envueltos en apercibimientos, en los que su obligación era poner en marcha reformas y una supervisión continúa de los técnicos de Bruselas. Ahora bien, la recesión económica obligó a Bruselas a frenar las reglas que había hasta el momento.

Plan de vuelta a la normalidad

A la par que se modera la inflación, la Comisión Europea ha puesto en funcionamiento su plan para volver 'a la normalidad' en lo que se refiere a la disciplina fiscal. La negociación de este proyecto ha enfrentado a dos posturas: la de los países incumplidores y la de los que siempre pagan.

El Ejecutivo liderado por Ursula Von der Leyen ha indicado que las reglas fiscales volverán tal y como estaban planteadas antes de la pandemia. No habrá concesiones a las naciones que pedían una 'pausa' de las mismas. Por lo tanto, el déficit máximo permitido seguirá siendo del 3% del PIB, mientras que el 60% del PIB continuará constituyendo el límite de deuda pública.

España, incumple

Según la AIREF, España incumple de manera clara. La deuda pública cerró el 2022 en el 113,2% del PIB, mientras que el déficit se situó en el 4,8% del PIB nacional. Por lo que hay un nivel de descuadre fiscal que apenas se reducirá en 2023 hasta el 4,2% del PIB. Nuestro país, entre otros, se expondrían a multas de entre 600 y 6.600 millones de euros de no cumplir con la reducción del déficit público. Bruselas ha indicado que las penalizaciones comenzarán con la sanción mínima, aumentando cada 6 meses si no se han tomado las medidas oportunas.

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