Hacienda

España, único país con impuesto sobre el patrimonio en la Unión Europea: ¿qué pasa en el resto de Europa?

España es el único país de toda la Unión Europea que cuenta con un impuesto sobre el patrimonio. Explicamos cómo se regula en el resto de países de la Unión Europea.

La política fiscal en España está generando un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Partido Popular aboga por bajarlos, el Ejecutivo insiste en mantener la mayoría. La primera persona en oponerse a la decisión de subir los impuestos fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien empezó a bajarlos en la región, haciéndolo inicialmente por el impuesto de Patrimonio y aumentó notablemente su popularidad conforme se resistía a seguir la política del Gobierno nacional.

Ahora, ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha optado por suprimirlo en la región. De este modo, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las dos únicas regiones de España en las que no existe este patrimonio, que recauda aproximadamente 1.200 millones de euros para las arcas públicas. Por si fuera poco, España es el único país de la Unión Europea que no tiene este impuesto. ¿Lo tienen más países en Europa?

Solo dos países lo tienen en toda Europa

El impuesto de Patrimonio solamente está presente en dos países de toda Europa, los cuales son Noruega y Suiza. En el caso de Noruega, se trata de uno de los países con mejor índice de nivel económico y el impuesto de Patrimonio suele ser asequible para la mayoría de las familias. En Suiza, un reconocido paraíso fiscal, también suele ser muy factible para sus ciudadanos, que cuentan con una alta calidad de vida y pueden permitirse dicho pago.

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Entonces, ¿por qué se mantiene este impuesto en España? El Gobierno lo justifica aludiendo a que es necesario para mantener unos servicios públicos de calidad y evitar que las arcas públicas se vayan a pique. El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, propone centralizar la política fiscal para que sea el Gobierno de España quien regule los impuestos y no las comunidades autónomas, señalando que "es un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras".