El primer encuentro entre la empresa Eulen, encargada de los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el comité de huelga y la mediación de la Generalitat ha terminado sin acuerdo, por lo que sigue en pie la convocatoria de una nueva huelga a partir del 8 de septiembre.
Los vigilantes de seguridad de El Prat han decidido por unanimidad en asamblea convocar nuevos paros todos los viernes a partir de la fecha señalada para reclamar que la empresa dé marcha atrás en las sanciones aplicadas a cuatro trabajadores -dos despidos y dos expedientes- y que no imponga nuevas en el futuro.
En declaraciones a los medios tras el encuentro, que ha durado unas dos horas, el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, ha lamentado que la empresa haya acudido a la cita con una posición "cerrada" respecto a las demandas de los trabajadores. También ha considerado un impedimento para llegar a un acuerdo el hecho de que los representantes que han participado en la reunión no tuvieran poder decisorio.
Lo ha atribuido a la premura con que se les ha llamado después de que esta mañana el comité de huelga haya presentado la nueva convocatoria de paros. Sin embargo, ha confiado en que la actitud de la empresa cambiará en la reunión que hay convocada para este martes a las 11 horas, cuando acudirán representantes de mayor rango.
Además, Ginesta ha destacado que Eulen considera que las demandas que hacen ahora los trabajadores no son susceptibles de un nuevo conflicto, sino que forman parte del anterior que ha sido el que ha provocado largas colas en los controles de seguridad el Prat durante el verano.
Aunque ha evitado posicionarse claramente a favor de las demandas de los trabajadores, de los antecedentes se deduce que la Generalitat está a favor de que se retiren las sanciones contra los trabajadores. Y es que la propuesta que hizo la mediación del gobierno catalán para resolver el conflicto primigenio, referente a derechos laborales y salariales, ya incluía la retirada de cualquier sanción que pudiera afectar a los trabajadores.
"Lo que nos preocupa es que el laudo que tenemos a las puertas ponga fin al conflicto, que es una cuestión que puede ir más allá de lo estrictamente jurídico y que es más genérico. Lo que conviene a todas las partes es hallar la solución definitiva al conflicto", ha subrayado.
El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha considerado "nefasta" la actitud de la empresa, que no ha querido hacer ningún tipo de declaración. Este jueves, el árbitro designado por el Estado, Marcos Peña, hará público el laudo de obligado cumplimiento que debe poner punto final al conflicto inicial
