Las comunidades autónomas representan la "principal amenaza" para que el Estado pueda cumplir el objetivo del déficit en 2012, según se desprende del tercer informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la situación financiera y fiscal de las comunidades autónomas.
El informe, dirigido por los profesores José Ignacio Conde-Ruiz y Juan José Rubio Ramírez, sitúa a las autonomías como "el mayor factor de riesgo" y entiende que "el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno para las comunidades se tornan más que complicados en un escenario macroeconómico adverso de plena recesión económica".
Según las estimaciones realizadas por los autores, en el caso de que las comunidades implementasen íntegramente las medidas anunciadas en sus Planes Económicos y Financieros, el déficit estimado para este año se situaría en el 2,2% del PIB, lo que supondría una desviación del 0,7% respecto al valor esperado.
Si, por el contrario, las comunidades no cumplen las expectativas anunciadas y mantienen la tendencia al gasto del primer trimestre, el déficit se desviaría un 4% del PIB, es decir, el 2,5% por encima del valor esperado.
Esta situación, a juicio de los autores del estudio, pondría "en riesgo" el cumplimiento del déficit de todas las administraciones públicas en 2012. El informe evalúa los Planes de Económicos y Financieros presentados por las comunidades y asegura que "no son suficientes" para garantizar el cumplimiento de los objetivos e insiste en culpar a las autonomías como las "principales responsables" de la desviación producida en 2011.
Además, tanto el profesor Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, como el profesor Rubio Ramírez, de la Universidad de Duke, destacan que mientras las medidas recogidas en los PEF preveían reducir los gastos de personal en 3.636 millones de euros en 2012, sólo se han reducido 136 millones en el primer trimestre del año.
También advierten de que la mayor parte de las medidas anunciadas en estos planes económicos son "de una sola vez" por lo que auguran que tendrán "efectos limitados" sobre el déficit estructural.
