El Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha justificado la divulgación de correos electrónicos que contenían información privada de usuarios de tarjetas "opacas" de Caja Madrid y Bankia por las fundadas sospechas de que estos habían cometido irregularidades.
Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el Fiscal se ha referido a varias de las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 65 acusados, de las que ha señalado que "han intentado verdaderamente sacar agua de las rocas, pero la poca que hay no es potable".
Luzón ha destacado que la investigación llevada a cabo por Bankia, heredera del negocio de Caja Madrid, estaba justificada "máxime cuando se trataba de una entidad que había recibido una importante inyección de ayudas públicas". En su opinión, "los españoles hemos pagado no se si el entierro, pero si el funeral de Caja Madrid a través del FROB, donde estamos representados todos los ciudadanos".
Por ello, resultaba indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios.
Dichos correos, intercambiados "por empleados de Bankia y que son propiedad de la entidad" y que fueron aportados el pasado viernes -algo que desconocían muchos de los 65 acusados-, son de "una indudable relevancia", pese a que no aportan nada a la investigación, ha dicho Luzón.
Tampoco lo hace un informe pericial elaborado por la consultora KPMG que presuntamente demostraría que las tarjetas no contaban con soporte legal y que para el Fiscal se trata de una "seudopericia que no habilita a su autor a ilustrar a la sala sobre cuestiones jurídicas que ya deberíamos conocer".
En cualquier caso, ha admitido que a él también le hubiera gustado disponer de toda esta información con anterioridad, como manifestaron ayer varios de los abogados defensores.
Y aunque ha añadido que la incorporación de estos correos, tras la denuncia del FROB y el Ministerio Fiscal, afectaría al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ha subrayado que "no son derechos absolutos, sino que están limitados a la salvaguarda de intereses constitucionales".
Los correos analizados, almacenados en el servidor de la empresa, en este caso Caja Madrid, son propiedad de la caja, "y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho ya que las conversaciones intervenidas no tienen carácter íntimo".
Otra cosa, ha añadido, es la supuesta carga incriminatoria que tienen, pero ello "no convierte en íntimo lo que tiene un carácter profesional". El Ministerio Fiscal "tiene toda la legitimidad para pedir los cargos de una tarjeta de crédito, datos de cuentas, préstamos, operaciones de todo tipo, cheques, transferencias", y está especialmente habilitado para la investigación de operaciones bancarias y financieras, e incluso para solicitar datos tributarios.
Luzón ha recordado que si bien la Fundación Cajamadrid es la heredera de la extinta entidad, Bankia continuó con el negocio bancario, y en tono irónico ha preguntado a la sala cómo es posible que el nuevo banco tuviera que asumir todo un negocio del que no conoce su funcionamiento interno, y en cuyo seno volvió a reproducirse estas conductas, ya bajo la presidencia del exministro Rodrigo Rato.
Asimismo, ha resaltado que no hay posibilidad material de desgajar los gastos de Caja Madrid de los de Bankia, ya que fue ésta la que satisfizo muchos de los gastos procedentes de la extinta caja.
De este modo, resulta evidente que Bankia fue perjudicada por los gastos de las tarjetas "opacas", razón por la que la caja instó a todos los usuarios a que restituyeran las cantidades al banco.
En cuanto a la petición de varias de las defensas sobre la prescripción de los delitos, "está más claro de lo que parece", ha asegurado, ya que tal y como está redactada la acusación el plazo de prescripción es de diez años y no de cinco.
