La Fiscalía pide la imputación del BBVA como persona jurídica por un posible delito de cohecho

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación como persona jurídica del BBVA por un presunto delito de cohecho relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han confirmado fuentes jurídicas.

El escrito señala, según las mismas fuentes, que la sociedad habría podido incurrir en un delito tipificado en el artículo 424 del Código Penal al contratar los trabajos de Villarejo cuando éste aún ejercía labores de funcionario, unos trabajos que podrían haberse extendido hasta 2016, según revela la investigación realizada hasta el momento.

En concreto, el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

Pieza 9 de Tándem

Se trata de la pieza secreta número 9 de la causa, la relativa a los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros. Esa pieza ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

El pasado 4 de julio, el que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González reconoció en la Audiencia Nacional que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos, aunque ha incidido en que desconocía que fuese del comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González . Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Angel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.