La Fiscalía Anticorrupción ha pedido sentar en el banquillo al exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el presunto cobro de más de 835.000 euros en comisiones que habría recibido de las agencias de publicidad que ganaron la campaña de lanzamiento de la entidad.
El Ministerio Público ya ha comunicado su postura al juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tras valorar que existen indicios de irregularidades, en las que, sostiene, Rato habría contado con la ayuda de "íntimos colaboradores" investigados en el caso, como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su "amigo", el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella.
La denuncia inicial de Anticorrupción señalaba a Zenith y Publicis, agencias que vencieron en la convocatoria, por su supuesta responsabilidad como personas jurídicas en el pago de dos millones de euros al supuesto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, a quien también se propone juzgar. Para la Fiscalía, de esos dos millones, el que fuera vicepresidente del Gobierno habría cobrado 835.000 euros a través de la empresa Kradonara 2001 y procedentes de Albisa Inversiones, propiedad de su presunto testaferro, contratado paralelamente por estas compañías para la identificación de nuevos negocios.
En su escrito, adelantado por El Confidencial, asegura que Rato, con el objetivo de cobrar estas comisiones, "se sirvió de íntimos colaboradores" como Miguel Ángel Montero, contratado como asesor externo de Caja Madrid a principios de 2010; Arellano, a la que otorgó "altas funciones ejecutivas dentro de la entidad", y su "amigo y hombre de confianza" Fernández Norniella. "A los efectos del control absoluto", el exministro "colocó" en el equipo de comunicación y publicidad a otras personas del círculo contra las que igualmente se dirige la causa, y que constituyeron un "auténtico grupo de presión", actuando como "núcleo duro a las órdenes y en beneficio" de Rato.
En este relato, Anticorrupción solicita el procesamiento de las agencias de publicidad involucradas y de ocho de sus directivos, incluidos Miguel Ángel Furones y Sergio Lorca, vicepresidente de Publicis y presidente de Zenith en el momento de los hechos. En su declaración en el juzgado, el representante legal de Publicis y Zenith defendió la "perfecta legalidad" de la relación contractual que mantenían con Portuondo, y argumentó que el pago de los dos millones fue en concepto de mediación y no de trato de favor.
Sin embargo, en opinión de la fiscal Elena Lorente, los principales gestores de estas firmas "eran conocedores de la irregular finalidad de las comisiones abonadas a Albisa, colaborando activamente por el cargo que ocupaban".
