El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó hoy que la necesidad de financiación de Grecia entre 2015 y 2018 se cifra en 50.000 millones de euros, por lo que incluso con el plan presentado por los acreedores internacionales requeriría 36.000 millones de euros más de los socios europeos.
En un análisis publicado, el Fondo considera la deuda de Grecia "insostenible" y asegura que la situación ha empeorado desde la llegada al Gobierno del primer ministro izquierdista Alexis Tsipras, al rebajarse, en opinión del organismo, los objetivos fiscales y ralentizarse la aplicación de reformas estructurales. "Si el programa (de 2012) se hubiera aplicado como se presumía, no habría sido necesaria un mayor alivio de deuda", dice la institución financiera internacional.
El reporte además reduce las previsiones de crecimiento económico para Grecia este año del 2,5% al 0% y empeora sus perspectivas sobre la deuda que previamente había ubicado en una tendencia a la baja desde el actual 175 % del producto interior bruto (PIB) hasta el 128 % en 2020, y que ahora ve en el 150 % para esa fecha. "Cambios muy significativos en las políticas y la perspectiva desde el inicio del año han provocado un alza sustancial de las necesidades de financiación", agregó el documento. De seguir con los objetivos del programa, apuntó, "sería necesario una quita de deuda correspondiente al 30% del PIB".
El informe del Fondo sale a luz justo cuando Grecia se prepara para el referéndum del próximo domingo convocado por el Ejecutivo de Tsipras, y después de que se rompiesen las negociaciones entre el grupo de acreedores internacionales (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea) y Atenas para extender el programa de rescate.
Tsipras ya ha pedido el "no" en la consulta y ha criticado la oferta de los acreedores, mientras que los socios europeos han pedido el "sí". Ante la difícil situación financiera, y con los bancos cerrados desde el pasado lunes, Atenas no pudo cumplir con el pago al FMI de un vencimiento de 1.600 millones de euros este martes, que supuso el mayor impago de un país avanzado con la institución dirigida por Christine Lagarde.
