El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha desistido finalmente de su propuesta de transferir a las comunidades autónomas la competencia de otorgar licencias a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, para que de esta forma frenaran su expansión frente a taxi, tal como este colectivo reclamaba.
Ábalos finalmente ha renunciado a esta iniciativa después de los recelos y reticencias manifestadas por varios gobiernos autonómicos ante la medida, por considerar que, de esta forma, sólo se les traspasaba el conflicto del sector.
En vez de la transferencia de competencias, el ministro ha planteado "habilitar a la Comunidad que así lo requiera de forma voluntaria de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en el ámbito de su territorio", según ha detallado el propio Ábalos al término de su reunión con las comunidades. "No se transferirán las competencias en VTC, sino que se dará a los gobiernos autonómicos que así lo deseen capacidad regulatoria en la materia", ha declarado el ministro que espera tener lista en septiembre la normativa necesaria para ello.
Además, durante la reunión, de más de tres horas de duración, Fomento y las comunidades han acordado darse un plazo de tres meses para diseñar conjuntamente medidas con las que se vuelva a reequilibrar a los sectores del taxi y el VTC en función de la proporcionalidad que establece la ley, esto es, que exista una de esas licencias por cada treinta taxis.
Ábalos considera que se trata de medidas que "deben permitir recuperar la normalidad", es decir, que los taxistas levanten la huelga indefinida que mantienen desde el pasado fin de semana.
"Hemos respondido a los gestos que se nos pedían", ha asegurado, para pedir a los taxistas confianza y que se sumen al diálogo. "No hay nada que se pueda hacer a más corto plazo", afirmó el ministro en referencia a la reclamación de medidas concretas y de corto plazo que vienen pidiendo los taxistas para frenar la expansión de los VTC, que actualmente sobrepasan ampliamente el ratio fijado en la ley.