Los empleados de la Administración General del Estado que desde hoy causen baja cobrarán, salvo casos "debidamente justificados", el 50 % del salario durante los tres primeros días de incapacidad y el 75 % hasta el vigésimo día, a partir del cual recibirán el 100 % de su retribución.
Este recorte no se aplicará en caso de intervención quirúrgica, hospitalización, radioterapia y durante el embarazo. El Gobierno calcula un ahorro de mil millones de euros en dos años.
Para CSI-F se trata de una medida injusta y arbitraria que parte del "prejuicio erróneo" de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado "y les penaliza por el hecho de caer enfermos".