Baratta, que hasta ahora era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera.
El alto cargo argentino se presentó en la sede de la compañía, en el barrio de Puerto Madero, de Buenos Aiers, apenas unos minutos después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara por cadena nacional la intervención inmediata de YPF y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de la empresa, participada en un 57% por la española Repsol.
Fernández decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la intervención de la compañía, con la asistencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación de la petrolera.
La cotización de las acciones de YPF fueron suspendidas en la Bolsa de Buenos Aires tras el anuncio de expropiación del Gobierno, que declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del patrimonio de la mayor petrolera argentina.