Suministro eléctrico
El Govern y Endesa han firmado un acuerdo para que más de 30 mil familias vulnerables no tengan que pagar las facturas de la luz. La cuantía total casi alcanza los 40 millones de euros, de los cuales más de 10 millones los asumirán las administraciones.
La Generalitat de Cataluña y Endesa han llegado a un acuerdo por el que condonarán la deuda de 35.518 familias vulnerables en situación de pobreza energética desde 2015, una cifra que asciende a casi 40 millones de euros, de los cuales 10,6 millones los asumirán las administraciones.
Chakir el Homrani, conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Ramon Tremosa, titular de Empresa y Conocimiento, lo han confirmado este lunes, explicando que la empresa Endesa renuncia aemprender acciones legales contra estas familias vulnerables.
"Las familias en situación de pobreza energética con una deuda acumulada desde 2015 no tendrán que pagarla y nadie será llevado a los tribunales por ello", ha aseverado Homrani, quien ha garantizado que de este modo se pone fin también a los procesos judiciales en marcha.
El acuerdo concluye que la compañía asumirá el total de la deuda generada entre 2015 y 2018 -17,4 millones-, la mitad de la correspondiente a 2019 y 2020 -10,6 millones- y se compromete a hacerse cargo del 50% de la que se acumule a partir del 1 de enero de 2021.
La cuantía restante de las facturas atrasadas correspondientes a 2019 y 2020 se repartirá entre la Generalitat (75%) y las administraciones locales (25%), que también harán frente a la mitad de la deuda de las familias vulnerables a partir de este año.
La Generalitat pretende con esta acuerdo dar respuesta a las familias vulnerables a las que desde 2015 la ley impedía que se les cortara la luz pero que seguían acumulando impagos que, "se les podían exigir en cualquier momento".
A partir de ahora Endesa ha anunciado que llevará a cabo una "promoción activa" del bono social, ofrecerá auditorías energéticas gratuitas a las familias en riesgo de exclusión e instalará contadores temporales en hogares vulnerables cuyos miembros estén empadronados para preservar su "seguridad y salud".
María Campuzano, portavoz de la APE, se ha mostrado "muy satisfecha" con este acuerdo, que podría empezar a beneficiar a las familias a partir del verano.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha celebrado este acuerdo "extremadamente necesario", sobre todo en un contexto de aumento de la pobreza: "Todavía no vemos el alcance real de la crisis social. Si antes de la covid-19 había 35.518 familias catalanas en situación de pobreza energética, esta cifra subirá en los próximos meses".