Glovo contratará a sus repartidores en España: "Estas personas tendrán derechos laborales por primera vez"

Glovo comenzó a operar en España hace 10 años. Y desde entonces, según los sindicatos, nunca ha tenido empleado alguno. Daniel Cruz, miembro del Sindicato CCOO, señala que la empresa nunca había cumplido ninguna norma de laboralización de sus trabajadores y trabajadoras, "en nómina no tiene ningún tipo de persona trabajadora".

Ahora la plataforma cambia de modelo empresarial: abandona a los denominados "falsos autónomos" y opta por contratarlos. "Estas personas tendrán derechos -laborales- por primera vez, desde los más básicos como las vacaciones pagadas o tener bajas médicas", afirma Cruz.

Supuestamente cuenta con 15.000 repartidores. Pero muchas de estas licencias eran utilizadas por varias personas de forma fraudulenta, superando los 60.000 trabajadores. "Se sacan esa licencia para poder ser autónomo y trabajar para esta empresa de forma falso autónomo pero esa propia licencia la usan otras dos o tres personas más", asegura el miembro del sindicato de Comisiones Obreras. Un joven trabajador de Glovo lo confirma: él trabajó así. "Ahora tengo mis papeles, mi cuenta y soy autónomo".

Para muchos esta decisión es una buena noticia: "Como contratado cambian las condiciones para nosotros", dice un repartidor. "Como contratado se tienen más beneficios", añade otro compañero. Sin embargo, otros repartidores piensan que perderán dinero. "No nos dejaran trabajar con la libertad que uno quiere", asegura otro trabajador.

Esta decisión se produce horas antes de que el cofundador de Glovo tenga que declarar hoy por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Declara el CEO de Glovo

Glovo ha decidido cambiar su modelo laboral en España y permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos. El cambio incluirá a todas las ciudades en las que está disponible.

Además, se abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. La decisión se hacía pública el día antes de que el CEO de la empresa, Óscar Pierre, declare como investigado en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Otras empresas de reparto le acusan de competencia desleal y le reclaman 295 millones de euros por daños y perjuicios.

El proceso se encuentra en fase de instrucción surge de una denuncia presentada por el ministerio público en la que se acusaba a la compañía de suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos. Pierre declara hoy como investigado en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona.

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