El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre, cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las CC.AA. en la Conferencia Sectorial y en el que se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico.
La titular de Turismo, Reyes Maroto, asegura que ya se está revisando toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para "tratar de encajar la definición de vivienda turística", lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento.
"Nos hemos dado un margen este año en el que yo creo que podemos tener realmente perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados", ha afirmado Maroto en una entrevista a Europa Press.
Maroto, que ha dejado claro que son las comunidades autónomas las competentes para regular en esta materia desde 2013, ha subrayado también la importancia del grupo interministerial creado por el Gobierno para reorientar la política de vivienda y del alquiler, del que formará parte el Ministerio que encabeza, ante el auge de este modelo de alojamiento y su impacto en el sector.
"Las viviendas de uso vacacional han tenido un impacto importante en la subida de los precios del alquiler y el incorporarlas y estar coordinados nos va a dar una transversalidad en las políticas que hagamos que va a ayudar a regular mejor la vivienda turística y el alquiler en general", ha destacado.
El Gobierno quiere acotar la definición de arrendamiento de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limita el alquiler de viviendas vacacionales y apartamentos por parte de particulares vinculándolo a la legislación turística de CC.AA. o aplica este régimen si no hay una norma autonómica.
La titular de Turismo espera que el grupo de trabajo creado en paralelo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) --que ha impugnado las ordenanzas de ciudades como Madrid, Bilbao y San Sebastián -- contribuya a unificar criterios.
