El Gobierno se ha mostrado a favor de eliminar del servicio universal de telecomunicaciones la obligatoriedad de garantizar la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, las populares cabinas telefónicas.
Así figura en el borrador del Real Decreto de modificación del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, en lo relativo a guías telefónicas, al servicio de información sobre números de abonado y los teléfonos públicos de pago, sometido desde este lunes y hasta el 24 de mayo próximo a audiencia pública.
El texto destaca que la situación actual del sector de las telecomunicaciones permite constatar que algunas de las prestaciones incluidas en el servicio universal "van cayendo en un progresivo desuso" y cita en concreto dos: la existencia y puesta a disposición de las guías telefónicas y la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.
"La generalización de la cobertura y uso de los servicios de telefonía y datos móviles han hecho que la utilización de las 'cabinas telefónicas' haya disminuido sensiblemente respecto a años anteriores", añade el borrador.
El ministerio también se refiere al servicio de consulta telefónica sobre números de abonados y recuerda que en los últimos años no se ha venido designando operador encargado de su prestación al haberse constatado que se trata de un servicio cuya demanda está suficientemente garantizada por el mercado.
El futuro de las cabinas estaba en entredicho después de que ningún operador se presentase al último concurso convocado para prestar el servicio de cabinas y elaborar y entregar las guías telefónicas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya cuestionado en varias ocasiones su mantenimiento dentro del servicio universal de telecomunicaciones.
El servicio universal, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones "con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible".
Esto ha implicado hasta ahora llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables, pero también garantizar una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.
En el reglamento del servicio universal se establece que todo municipio con más de 1.000 habitantes deberá tener al menos una cabina instalada, y además se tendrá que instalar una cabina adicional por cada 3.000 habitantes. Esta ley también señala que aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado también deberá existir una cabina telefónica.
De las 18.000 cabinas que aún quedan en España, 12.000 ya no son rentables, según fuentes del sector.
Un estudio de la CNMC revelaba que el 88% de los españoles jamás ha utilizado una cabina y, según datos de Telefónica, alrededor de la mitad de las cabinas no cursan ni una sola llamada. Pese a estar cada vez más en desuso, el coste de las cabinas del servicio universal no ha parado de incrementarse en los últimos 4 años, hasta situarse en 2,07 millones en 2015, según datos de la CNMC. Tras quedar desierto el concurso, Telefónica fue designada por el Gobierno para prestar el servicio de cabinas y guías en 2017 y 2018.
