El Gobierno ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de cien empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.
Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social que este viernes ha aprobado el Gobierno y que estará en vigor hasta el 2013, y que además amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de cinco a diez años, tal como se ha modificado en el Código Penal.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el plan persigue limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y protegerlos "para que no sean lo primeros que despiden las empresas". En este sentido, el anteproyecto de Ley pretende reducir los costes que soporta el Estado.
Además, el plan adopta otras medidas como que los convenios colectivos no puedan fijar una edad de jubilación obligatoria. "Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral", ha dicho Báñez, tras explicar que el plan de lucha contra el empleo irregular endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos.
La ministra ha asegurado que este plan supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores y ha apuntado que por primera vez se tipifica como nuevo delito para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social.
Entre otras medidas el Gobierno exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal y se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de nueve a 18 meses.
Además, se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros (a imponer por el Consejo de Ministros) y se refuerzan los equipos de inspección. Báñez ha indicado que el objetivo es evitar "atentar" contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal empresarial que ocasiona esta economía sumergida.
