De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable.
En sus negociaciones con la 'troika', el Ejecutivo español ha conseguido eliminar del texto el establecimiento de un compromiso temporal para acometer estas desinversiones, lo que habría implicado una devaluación de los activos bancarios, ya que los posibles compradores podrían haber agotado el plazo para ofertar a la baja por dichas participaciones.
El anteproyecto de ley afecta fundamentalmente a tres entidades cuyas fundaciones controlan sus bancos filiales. Se trata de La Caixa, Kutxabank y Unicaja.
La norma obligará a los presidentes de estas entidades a escoger entre la presidencia de la fundación y la del banco, al declarar "incompatible" ser patrono de una fundación con un cargo equivalente en la entidad bancaria participada.
Otras de las novedades que establece la norma es que el Banco de España impondrá penalizaciones, en forma de un fondo de reserva, a las fundaciones que controlen el 50% o más de un banco, con el fin de dotar posibles necesidades de la entidad filial para apuntalar su solvencia.
El Consejo de Ministros ha estudiado también el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la parte que afecta a las funciones de los procuradores.