El Gobierno ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento económico para 2020, desde el 1,8 al 1,6%, y ha elevado la tasa de desempleo prevista al 13,6% desde el 12,6% fijado en el cuadro macroeconómico que incluyó en el Plan Presupuestario 2020 enviado a Bruselas el pasado mes de octubre.
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que estima que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura. Además, ha dado 'luz verde' al 'techo de gasto', con un alza del 3,8%, hasta los 127.609 millones, como paso previo a los Presupuestos de 2020, que espera aprobar en verano.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que la nueva senda proporciona un marco "mucho más realista y prudente que la vigente" del Gobierno de Mariano Rajoy y permite garantizar la reducción del déficit y deuda pública sin que se dañe el crecimiento y la creación de empleo. Montero ha asegurado que el Gobierno confía en aprobar la nueva senda en el Congreso y supone una senda "creíble y realista" y la "garantía de que España sigue alineada con respecto a las reglas fiscales de la UE".
Más gasto
El Ejecutivo ha dado 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para este año, que se sitúa en 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado, y que tendrá que ser ratificado posteriormente en el Congreso y el Senado como pasos necesarios para la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.
Relax para el déficit
Junto al 'techo de gasto', el Gobierno ha aprobado la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, Los nuevos objetivos de déficit público son del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente, ya que las estimaciones del Ejecutivo apuntaban a que 2019 habría cerrado con un déficit del 2% que se reduciría al 1,7% a políticas constantes. De hecho, la senda de estabilidad presupuestaria oficial hasta ahora, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, puesto que el Ejecutivo de Sánchez calcula un 1,1% este año (1,7% a políticas constantes), 0,4% en 2021 y equilibrio en 2022.
Cómo se reparte el déficit
- Por administraciones, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que Montero ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado.
- Para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.
- En cuanto a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, con lo que se da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
- En el caso de las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) se trasladó a los ayuntamientos el objetivo de déficit cero para el periodo, aunque ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.
Deuda pública
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%. En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.
Necesitará el visto bueno del Congreso y de Bruselas
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda. El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
Tras aprobar la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero ('techo de gasto') en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al 'techo de gasto' y a la senda de déficit y deuda, el ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. La votación de la nueva senda autonómica en el CPFF, que no se reunía desde 2018, dio como resultado su aprobación gracias a los doce votos a favor de las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra (en coalición con Geroa Bai y Podemos), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, rechazaron la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta. Navarra participó votando a favor, aunque se acoge a un régimen especial, al igual que País Vasco, que no envió a ningún representante a la reunión. Cataluña acudió pero no votó. Estos posicionamientos dejan entrever el panorama de las negociaciones que empezará en breve el Gobierno, aunque conseguir que el techo de gasto y especialmente los Presupuestos salgan adelante en el Parlamento será mucho más complicado que la aprobación de la senda para las comunidades autónomas, ya que en el CPFF el Ministerio de Hacienda cuenta con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías. Así, el Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder aprobar en el Congreso y en el Senado dicha senda y el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'. Desde el Gobierno empezarán a trabajar en las negociaciones con el fin que no vuelva a repetirse el rechazo de la Cámara Alta que se produjo en el año 2018 con la primera senda presentada por el Gobierno de Sánchez y a las cuentas públicas de 2019.
