Las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) entran en una semana clave. El Gobierno quiere evitar que el acuerdo se produzca 'in extremis' y ha propuesto una nueva opción con la que espera conseguir el sí.
En anteriores reuniones no se logró un acuerdo definitivo, aunque sí algunos avances importantes. El nuevo texto que se va a presentar pretende agilizar la tramitación de los ERTE, sin suponer cambios sobre la regulación actual.
El principal objetivo para cerrar el acuerdo es el compromiso de mantener el empleo durante seis meses al que están obligadas las empresas que se acogen a un ERTE. Si esto se incumple, las empresas tienen que devolver las ayudas.
Sin embargo, las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, piden que si se incumple, las empresas devuelvan las ayudas recibidas por cada trabajador del ERTE que sea despedido y no por toda la plantilla. La demanda ha sido rechazada por el Gobierno, ya que indican que el objetivo es que las empresas no despidan.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han indicado que no se utilizará el dinero de los ERTE para despedir. "Las prestaciones que se pagan a los trabajadores cubiertos por ERTE no pueden en última instancia servir para procesos de despidos más adelante", dijo Calviño.
También se mantendrá la prohibición de despedir a las empresas, la de repartir dividendos y la de realizar horas extraordinarias. Los trabajadores afectados por un ERTE podrán seguir con el acceso a la prestación sin periodo de carencia. No se les computará el periodo consumido hasta enero de 2022.
Sectores 'ultraprotegidos'
La regulación actual de los ERTE establece la prórroga automática por fuerza mayor en determinados sectores económicos. Además, contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad.
Los ERTE con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia del coronavirus. Son los llamados sectores 'ultraprotegidos' como el turismo, la hostelería y el comercio. Además, se añadieron nuevas actividades como los restaurantes y puestos de comidas, el comercio al por mayor de bebidas, las actividades de juegos de azar y apuestas, entre otros. Estos sectores cuentan con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%.
