El Gobierno busca renovar el convenio con Muface para no saturar la Sanidad pública con 1,5 millones de funcionarios

Desde su creación en 1975, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha proporcionado servicios de salud para los funcionarios públicos en España. Si esta entidad desaparece, podría tener un impacto en el empleo dentro del sector sanitario privado y agravar el tiempo de espera del sistema público de salud.

MUFACE ofrece a los funcionarios la opción de recibir atención médica a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) o mediante entidades privadas concertadas como Adeslas, Aissa y DKV. Este modelo permite equilibrar los pacientes entre el sector público y privado.

Pérdida de empleo

Las compañías aseguradoras que colaboran con MUFACE han señalado que las condiciones económicas actuales les generan pérdidas significativas. Sin un acuerdo sobre el aumento necesario en las primas, estas aseguradoras podrían verse obligadas a retirarse del modelo, lo que supondría la pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo.

Los profesionales sanitarios empleados por estas aseguradoras podrían enfrentar despidos masivos o reducciones en sus horas de trabajo. No solo afectaría a médicos y enfermeros, sino también a personal administrativo y auxiliar que depende del funcionamiento del modelo MUFACE.

Saturación del sistema público de salud

Si esto ocurriese, el sistema público de salud recibiría a los 1.5 millones de funcionarios beneficiarios, lo que podría llevar a una sobrecarga de la sanidad pública. Actualmente, el SNS ya enfrenta listas de espera prolongadas y recursos limitados, si se incorporan estos nuevos pacientes los problemas aumentarían, alargando el tiempo de espera para consultas médicas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos.

Esto no solo implicaría a los funcionarios de Muface, sino también a los miembros del Ejército y Guardia Civil, inscritos en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), y los funcionarios de la Adminsitración de Justicia, adscritos a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), en total cerca de 660.000 personas más.

Durante el mes de septiembre, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), advirtió que si no se llega a la cantidad económica para subsistir, provocaría un "éxodo" de funcionarios al sistema público de salud.

El sindicato de mayoritario CSIF ha amenazado con movilizaciones si no se garantiza una financiación adecuada para mantener operativo el modelo actual. Actualmente, las aseguradoras pierden 200 millones al año por las condiciones que ofrece MUFACE, que exige un aumento del 25%, un porcentaje muy lejos de lo que piden para poder cubrir los costes.

Condiciones económicas "insuficientes"

Las aseguradoras Adelas, Aissa y DVK consideran que las condiciones económicas de la nueva licitación del Gobierno son insuficientes para cubrir los costes de atención médica. Si no se llega a un acuerdo, el año que viene supondría un impacto económico de 1000 millones al Estado.

El Gobierno ha propuesto una mejora de la prima del 17,2%, pero este "aumento" solo agravaría la situación, ya que las aseguradoras piden un incremento del 40% para no tener pérdidas.

La negociación tiene como límite el 1 de enero de 2025, si no se llega a un acuerdo, más de 1,5 millones de funcionarios y su familias se verían afectados por la insuficiente financiación que ofrece el Gobierno.

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