El Gobierno en funciones se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.
Así figura en el plan presupuestario para 2017 que el Ejecutivo en funciones ha remitido a Bruselas, que supone una prórroga de los Presupuestos de 2016 e incluyen las previsiones de ingresos y gastos, y el conocido como informe de acción efectiva, que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año (4,6%) y registrar un déficit del 3,6% en 2017, cinco décimas por encima de lo comprometido con la Comisión Europea.
En concreto, el Gobierno en funciones propone para cumplir el objetivo de déficit la no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.
También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el IBI son competencia del ayuntamiento, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.
Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito.
El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.
No obstante, como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos realizadas en un escenario "sin cambio de políticas públicas" por la situación de interinidad del Ejecutivo, el déficit estimado para 2017 por el Gobierno es del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 3,1% fijado en el marco del procedimiento por déficit excesivo. De esta forma, el próximo Gobierno tendrá que aprobar medidas de ajuste por importe de 5.000 millones para cuadrar las cifras de déficit del año que viene.
