El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, acompañado por el responsable de Industria, José Manuel Soria, leyó esta noche una declaración del Ejecutivo, en la que se afirma que la decisión argentina "rompe el clima de cordialidad y amistad" que tradicionalmente ha presido las relaciones entre los dos países.
El Gobierno español adoptará "todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior", señala la declaración.
El Ejecutivo de Madrid se puso en contacto con la Comisión Europea y las instituciones de la UE para dar cuenta "de esta arbitraria decisión" y para pedir que el Parlamento Europeo trate la expropiación en el pleno que celebra esta semana.
Rajoy, que viaja a México para su primera visita a Latinoamérica como jefe del Ejecutivo, hará gestiones con los presidentes de este país y de Colombia, al que viajará posteriormente, para recabar su apoyo. El secretario mexicano de Economía, Bruno Ferrari, dijo hoy que México estaba a la espera de que España defina qué tipo de gestión puede hacer su país ante Argentina.
El Gobierno español destacó los perjuicios que la nacionalización supondrá para los "miles de pequeños accionistas" de Repsol, medida que considera "es también extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino porque quiebra el clima de confianza necesario para atraer los ahorros e inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en que se encuentra". "Es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países amigos y aliados", concluyó Margallo.
El responsable de Industria puso el acento en que se trata de una decisión "discriminatoria" desde el punto de vista de los socios de YPF y respecto a otros operadores de hidrocarburos en Argentina al adoptar medidas solo en relación a una empresa (YPF) en la que "Repsol es legítima propietaria de la mayoría de las acciones".
También la consideró "una decisión hostil contra Repsol, y por tanto contra una empresa española, y por tanto contra España y contra el Gobierno de España".
Las autoridades españolas acusaron a las argentinas de cerrarse al diálogo y de "haber quebrado el acuerdo verbal" alcanzado por Soria con miembros del Ejecutivo de Cristina Fernández el pasado 28 de febrero para intentar solventar el contencioso a través de la negociación.
La petrolera española Repsol calificó esta noche la expropiación de "manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria". En un comunicado, anunció que se reserva todos los derechos y acciones "conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España". También sostuvo que no se ha justificado "la utilidad pública" que se persigue con la decisión, en la que ve un "patente incumplimiento" de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF.
Anuncia además "que llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas". La petrolera española detalla que su participación del 57,43% en YPF tenía un valor patrimonial de 4.122 millones de euros al cierre de 2011 y recuerda que mantiene un préstamo con el grupo Petersen valorado en 1.542 millones de euros.
El embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, será convocado mañana martes al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ya fue citado el pasado viernes.
