El Gobierno prevé gastar este año en pensiones contributivas un total 122.777 millones de euros, un 3,2% más que en 2016, como consecuencia del mayor número de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización del 0,25% aplicada a comienzos del ejercicio, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año presentado este martes en el Congreso de los Diputados.
Para el pago de las pensiones de clases pasivas del Estado, que también se han revalorizado un 0,25% este año, destinan en el presupuesto de este año 13.824 millones de euros.
En total, el presupuesto consolidado de gastos de la Seguridad Social será de 142.646 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3% respecto a 2016, frente a unos ingresos previstos de 125.948 millones de euros.
El Gobierno prevé que el déficit de la Seguridad Social alcance este año el 1,4% del PIB para bajar hasta el 1% en 2019.
Dentro del capítulo de gastos, a las pensiones contributivas de jubilación, que son las más numerosas, se destinarán 86.808 millones de euros, seguidas de las de viudedad (21.369 millones), las de incapacidad (12.463 millones), y las de orfandad y en favor de familiares (2.137 millones).
Por otro lado, la dotación asignada en los Presupuestos de 2017 para proteger situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y subsidios por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave aumenta un 11,1%, hasta los 2.450 millones de euros. Este incremento se debe a que se ha elevado en 235 millones de euros el crédito para las prestaciones de paternidad como consecuencia de la ampliación del permiso de 13 días a cuatro semanas.
Asimismo, se destinarán un total de 6.986 millones de euros, un 29,4% más que en 2016, al pago de subsidios por incapacidad temporal, prestaciones que concede la Seguridad Social a través de las entidades gestoras o de las mutuas por bajas laborales derivadas de enfermedades comunes o profesionales, y accidentes no laborales o laborales.
El Gobierno precisa que en los últimos años se ha producido una notable disminución del gasto en esta prestación, pero desde 2014 se empieza a observar una tendencia creciente del gasto coherente con el aumento de la afiliación a la Seguridad Social. El Ejecutivo prevé que esta tendencia se mantenga este año.
El programa de Prestaciones de Garantía Salarial incluye el abono a los trabajadores tanto de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, como de las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de aquellos a causa de despido o extinción de contratos.
La dotación presupuestaria para 2017 destinada a estas actividades asciende a 1.072 millones de euros, de los que 1.043 millones corresponden al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Gobierno prevé que este año se produzca una reducción de solicitudes de prestaciones con respecto a 2016, aunque recuerda que durante 2017 se tendrán que abonar también las pendientes de resolver de ejercicios anteriores.
Dentro del ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2017 para las pensiones de vejez e invalidez se eleva a 2.230 millones de euros, excluido el País Vasco y Navarra. En este gasto también se incluye la revalorización del 0,25%.
Para los perceptores de las Ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS) que hayan optado por no integrarse en las pensiones no contributivas se ha presupuestado una cantidad de 9 millones de euros. Para las pensiones de guerra -aquellas pensiones e indemnizaciones que tienen su origen en la Guerra Civil- se destinan en 2017 un total de 170 millones de euros.
