El Gobierno boliviano espera tener una reunión "cordial" la próxima semana con los ejecutivos de la española Iberdrola, a la que expropió el sábado sus filiales bolivianas, informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
"Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes", sostuvo Sosa en una entrevista con el canal estatal.
Sosa ratificó que el decreto de expropiación que presentó por sorpresa el presidente Evo Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
España solicita a Bolivia un trato justo
El Gobierno español ha lamentado la nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola anunciada este sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y ha pedido una "justa" indemnización para los accionistas de estas compañías.
"España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas", señala el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Así, el Gobierno aprovecha para expresar que "las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común".
En el mismo decreto por el que se nacionalizan estas cuatro empresas -dos distribuidoras eléctricas y dos empresas de servicios- se prevé que una tercera parte independiente evalúe en un plazo de 180 días el precio de las acciones de las compañías nacionalizadas y determine así la cantidad que deberá abonar el Estado boliviano a Iberdrola.
En ese sentido, el Gobierno ha manifestado que espera que el proceso "se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado". Asimismo, España señala que "la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia".
El Gobierno recuerda además que estas cuatro empresas "prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano".
