El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros un conjunto de medidas para luchar contra el fraude fiscal y que en su mayoría estarán centradas en el IVA. Fuentes cercanas a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han indicado que el Gobierno ha preparado un decreto ley que incluye la limitación del pago en efectivo a los 1.000 euros, en vez de los 2.500 euros actuales, con el fin de frenar el fraude al IVA y la economía sumergida.
Además, se aprobará el suministro inmediato de información del IVA, una medida que quedó pendiente en la legislatura pasada del PP y que estaba prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2017. De hecho, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, avanzó hace unos días que el Gobierno implantaría nuevas medidas para controlar las liquidaciones de este impuesto.
El suministro inmediato de información del IVA es un nuevo sistema de gestión del IVA para empresas y profesionales, basado en información en tiempo real y que agiliza las devoluciones, proporciona al contribuyente los datos fiscales para su declaración y mejora el control tributario.
Se trata de una adecuación del trámite a las nuevas tecnologías que previsiblemente sólo será obligatorio para las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, un colectivo de alrededor de 62.000 contribuyentes, mientras que para el resto será voluntario.
El colectivo obligado a acogerse al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) representa el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España, tal como señaló el director general de la AEAT, Santiago Menéndez, cuando presentó este proyecto en la anterior legislatura del PP.
El tercer pilar del plan de lucha contra el fraude que aprobará el Consejo de Ministros es el endurecimiento en los pagos aplazados, una medida que también supondrá incremento de ingresos en las arcas públicas. No obstante, Ciudadanos ha insistido en que Hacienda debe recuperar cuanto antes el dinero que no afloró durante la amnistía fiscal al no abonar los acogidos a esta regularización el 10% que estipulaba la Ley y ha pedido al Ejecutivo que cumpla el acuerdo de investidura que firmó con la formación naranja.
En este sentido, el portavoz de fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado que el Ministerio de Hacienda debe instar a la Agencia Tributaria a que revise los expedientes de los amnistiados a través de las correspondientes inspecciones.
De la Torre ha recordado que la Agencia Tributaria envió cartas "sin acuse de recibo que no dejan constancia de que se han recibido", por lo que ha urgido a revisar a los 30.000 contribuyentes presuntos defraudadores. "Estamos a 30 de noviembre y aunque Montoro diga que no prescribe debe iniciar las inspecciones cuanto antes", ha señalado.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado en los pasillos del Congreso que el Gobierno está estudiando cómo aplicar la medida que pide Ciudadanos y que los "técnicos de Hacienda están determinando cómo se puede hacer".
"Intentemos llegar a un punto que nos permita a todos cumplir con nuestros compromisos", ha aseverado tras defender que el proceso de la amnistía fiscal ayudó a aflorar un patrimonio en el extranjero que se desconocía y que "ahora ya tributa".
