En los últimos encuentros del Gobierno con la empresa norteamericana que planeaba la construcción de Eurovegas en Madrid el ejecutivo de Rajoy le trasladó su negativa a aceptar las condiciones que quería imponer para llevar a cabo el macrocomplejo, que pasaba por revertir toda la inversión que realizara, más las perdidas que se podrían generar ante un posible cambio normativo.
Ante esta situación los interlocutores del Gobierno, manifestaron su rechazo ante unas condiciones que para los representnates de Sheldon Adelson eran innegociables. Según las fuentes consultadas, las condiciones exigidas por la empresa norteamericana han sido de última hora y sin precedentes en ninguno de los países en los que ya están asentados.
Las Vegas Sands confirma que desiste del proyecto en España
Las Vegas Sands ha confirmado que ha decidido desistir del proyecto de Eurovegas en España y continuar con una búsqueda "agresiva de oportunidades en Asia", según ha explicado la empresa en un comunicado. Así, ha explicado que "tras meses de conversaciones a varios niveles con el Gobierno español" finalmente "no" ven "un camino con los criterios necesarios para continuar adelante" con el proyecto.
Eurovegas quería restringir la entrada de nuevos operadores
El Gobierno central ha manifestado que entre las condiciones que entre las nuevas condiciones puestas sobre la mesa por Las Vegas Sands para traer el proyecto Eurovegas a España se encontraba la restricción de entrada a nuevos operadores en el mercado.
Así, el Ejecutivo regional ha asegurado que debe "velar por el interés general" tras explicar esas nuevas condiciones puestas sobre la mesa por el promotor de manera "innegociable" son "contrarias" y "no tienen encaje" ni en la normativa española, ni en la europea, por lo que no podían asumirse para ninguna de las tres administraciones.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el Gobierno tiene "la responsabilidad de atraer las inversiones extranjeras que generan empleo, pero también la de velar por los intereses generales de todos los españoles". Sáenz de Santamaría afirmó que las condiciones impuestas por la empresa, entre las que enumeró condiciones "fiscales, crediticias, de restricción de entrada a nuevos operadores en el mercado y de blindaje jurídico" frente a futuros cambios de normativa, son "contrarias a la normativa vigente" y "no tienen encaje en la legislación española, ni en el derecho comunitario". "No se puede asumir una indemnización por un cambio normativo futuro", apuntó.
Por ello, de acuerdo con un dictamen de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que encabeza el comisario Joaquín Almunia; el informe de viabilidad de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, que "debe velar por el interés general", el Ejecutivo ha decidido rechazar estas nuevas condiciones, ya que "no eran asumibles para las tres administraciones ni podían someterse a negociación".
