Otro cambio en la reforma laboral con respecto al documento del pasado viernes es que el pago de ocho días de la indemnización por despido por parte del Fondo Garantía Salarial (Fogasa) no incluirá sólo a los contratos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido improcedente), sino también a los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización).
Según la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández de la Vega, el decreto incorpora ya algunas de las aportaciones que los Grupos Parlamentarios han trasladado al Ejecutivo en las reuniones mantenidas en las últimas horas. Y en cualquier caso, ha añadido, el texto sufrirá cambios "al transformarse en proyecto de Ley" para su tramitación en parlamentaria.
El objetivo final -aseguran- es acabar con la temporalidad excesiva e incentivar los contratos indefinidos, además de adecuar la normativa a las necesidades de las empresas, incluyendo la posibilidad de un arbitraje.
Además, una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas para justificar la procedencia de los despidos, aunque mantienen la tutela judicial efectiva, es decir, que las causas objetivas de un despido las seguirá determinando un juez.
En términos generales, la reforma modifica las causas de los despidos objetivos, generaliza el contrato indefinido de despido más barato (33 días por año de indemnización) y endurecen las condiciones para contratar trabajadores temporales, entre otras medidas. El decreto rebaja además de seis a tres meses del plazo en el que un trabajador debe estar en paro para poder tener este contrato.
El decreto ha incluido otro colectivo más de los ya anunciados el viernes al que se podrá hacer el contrato con indemnización de 33 días: los trabajadores de 31 a 44 años que perdieron su empleo indefinido tras un despido.
Sin embargo retrasa dos años el plazo para elevar de ocho a doce días la indemnización por finalización de contrato temporal. Así, la medida empezará a aplicarse a partir de 2012, de tal forma que la indemnización irá subiendo un día por año, hasta llegar a un total de doce días en 2016. Con ello se pretende penalizar la creación inmediata de empleo.
Por otro lado, los contratos por obra y servicio durarán finalmente un máximo de tres años, ampliable uno más si se acuerda por vía de la negociación colectiva.
Y otra novedad es el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan operar en el sector público.
Todas estas medidas han desencadenado la huelga general que CCOO y UGT han anunciado para el 29 de septiembre, después de que Gobierno y agentes sociales no consiguieran alcanzar un acuerdo.
