El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este viernes que la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico, al informar de que obligará a situar "algo por debajo" del 2,6 % las previsiones de crecimiento de España para 2018.
"Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto", ha afirmado De Guindos al comentar la incertidumbre política Cataluña en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Ha agregado que España va a tener una "tasa de crecimiento inferior" a la proyectada del 2,6 %, "como consecuencia de la exigencia de prudencia que nos exige la situación de incertidumbre que ha generado Cataluña".
Las previsiones de crecimiento del Gobierno de España son actualmente del 3,1 % para 2017 y del 2,6 % para 2018, aunque se revisarán en el nuevo proyecto presupuestario que Madrid presente la próxima semana ante la Comisión Europea (CE) en Bruselas. El FMI ha mantenido esta semana sus previsiones de crecimiento para España en el 3,1 % este año y ha elevado levemente las de 2018 al 2,5.
De Guindos ha destacado que "en el tercer trimestre, los indicadores han sido buenos, la economía catalana estaba teniendo incluso un mejor comportamiento que la del resto de España". "A partir, lógicamente, de cuando se aprueban en el parlamento catalán las normas del referéndum y desconexión (en septiembre) es cuando se comienza a generar incertidumbre e inquietud en inversores", ha subrayado.
En concreto, se ha referido al "éxodo de empresas" que han traslado en los últimos días su sede fiscal fuera de Cataluña a otras partes de España, entre ellas los dos grandes bancos Caixabank y Sabadell, y ha recalcado que "la inversión es la primera variable económica afectada". "Como consecuencia de las irresponsables decisiones de la Generalitat, hay una paralización de los proyectos de inversión en Cataluña", ha dicho De Guindos.
Al menos 540 empresas han cambiado su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones españolas desde el referéndum ilegal del 1-O y de ellas, 533 se trasladaron entre los días 9 y 11, según datos provisionales del Colegio de Registradores de España difundidos hoy. Las declaraciones del ministro se producen después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, haya pedido hoy al presidente catalán, Carles Puigdemont, que vuelva al orden constitucional y advirtiera de que sin una "pronta solución" habría que bajar las previsiones de crecimiento.
Las tensiones políticas han crecido en Cataluña tras el referéndum ilegal sobre la independencia del 1 de octubre y el posterior anuncio de Puigdemont en el Parlament de que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Sin embargo, seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
El lunes (16 de octubre) termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña.
