La puesta en marcha de la Hacienda catalana habría podido costar entre 350 y 500 millones de euros, según los informes con que contaba el Gobierno catalán, que estimaban los recursos humanos en unas 5.000 personas y preveían una recaudación mínima de 70.000 millones, o hasta 100.000 millones de euros si se elevaba la tasa de presión fiscal.
Sin embargo, una de las mayores preocupaciones reflejada por los expertos era la obtención de los datos de los contribuyentes, para ello proponían, si no había acuerdo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, hacerse con la información que está dispersa en diferentes bases de datos para la que no se necesita acceder con una "autorización expresa" y, el resto, pedírselo a los ciudadanos mediante una "campaña social".
Así consta en uno de los informes realizado por el Consejo de la Transición Nacional que se ha incorporado al procedimiento abierto en el Juzgado número 13 de Barcelona, en el que se investiga la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.
En este texto se expone que el "objetivo estratégico y prioritario" durante la primera fase del proceso de implantación de la Hacienda catalana es el acceso a la información de los contribuyentes catalanes para poder disponer de una base de datos que es la herramienta fundamental para alcanzar la "soberanía fiscal".
Y para que Cataluña tenga su propio censo de contribuyentes, proponen que, si el Estado español no le cede la información, aproveche la que se encuentra dispersa en las diferentes bases de datos a las que se puede "acceder sin autorización explícita". Para completar esta información, plantean realizar una campaña social para que los ciudadanos y las empresas de Catalunya entreguen "voluntariamente" a la Generalitat una copia de las declaraciones que presentan a la Agencia Estatal.
