La propuesta significa que sea el Tesoro el que emita la deuda que necesiten el resto de administraciones públicas y que les aplique un tipo del 0 por ciento, con lo que el coste de la medida, que aún no está cuantificado, se trasladaría al Estado.
El objetivo es "contribuir a la reducción del déficit público de las comunidades y los ayuntamientos, optimizando la financiación del déficit y la deuda pendiente de refinanciación", según ha explicado el ministro, Cristóbal Montoro, estos días. El presupuesto que no dedicarán a pagar intereses, podrán invertirlo en otras partidas.
Hacienda no ha concretado más detalles sobre este mecanismo, pero tiene la intención de que se apruebe el martes y que el Consejo de Ministros le dé luz verde el próximo viernes, de manera que se pueda empezar a utilizar ya en las refinanciaciones que ayuntamientos y comunidades realicen a partir de enero. Alcanzará tanto a las autonomías incluidas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como a las que no han hecho uso de este recurso. Servirá igualmente para los acogidos al plan de pago a proveedores.
"Cuanto antes podamos materializar esta propuesta antes nos beneficiaremos todos", ha insistido Montoro, convencido de que será "bien recibida" por todas las administraciones territoriales.No obstante, tras surgir las primeras informaciones sobre esta medida, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que el Gobierno castellanoleonés no será "nada favorable" a que se beneficie sólo a las autonomías incumplidoras que en su día tuvieron que acudir al FLA en detrimento de otras que, como la comunidad castellanoleonesa, sí han cumplido los objetivos del déficit y han ayudado a España a salir de la difícil situación macroeconómica en la que se encontraba hace tres años.
"Solidarios siempre pero no somos tontos". De Santiago-Juárez insistió a este respecto en que al Gobierno de Castilla y León le costaría entender que se beneficie a las autonomías incumplidoras. "Tendría mucha gracia", ironizó al respecto y añadió que no beneficiar también a las autonomías que no acudieron al FLA sería "muy difícil de digerir aunque estemos en Navidad". Del mismo modo, el conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, también lamentó que el Gobierno no debata con las comunidades los cambios.
También ha hablado al respecto el Gobierno madrileño, que ha avanzado que se opondrán al perdón de los intereses de la deuda a las comunidades "incumplidoras" si no se beneficia también a las cumplidoras como, aseguran, es su caso. Por eso piden medidas que beneficien a todas las comunidades por igual. Además, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha preparado un documento de cara al CPFF de este martes en el que asegura que Madrid acumula desde el año 2012 "múltiples agravios" en cuanto a las decisiones adoptadas en materia de política financiera y el Sistema de Financiación por parte del Estado, que han causado un perjuicio a la región de 7.229 millones, "el equivalente al presupuesto anual destinado a la Consejería de Sanidad".
A pesar de los diferentes costes que esta medida podría suponer, Montoro asegura que aún no hay estimaciones concretas porque se sigue trabajando en los detalles del procedimiento. Además, ha indicado que no se trataría de un gasto adicional para el Estado.
Así, en principio la intención es que sea el Tesoro el que se encargue de la refinanciación de la deuda antigua y de las nuevas emisiones, aprovechando el bajo coste que está pagando actualmente, de modo que se aplique el menor tipo posible. Sin embargo, a la hora de trasladar el coste a las comunidades y ayuntamientos no se aplicaría el tipo de la subasta, sino el 0%, de modo que se produciría una traslación de ese coste al déficit del Estado, si bien Montoro no teme que eso haga peligrar la consecución del objetivo de déficit público de 2015, fijado en el 4,2%.
