El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT firman este miércoles un acuerdo histórico que permitirá reducir la temporalidad entre el personal del sector público hasta el 8% en un plazo de tres años, según han confirmado fuentes sindicales.
El acuerdo afectará a 350.000 trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas
Los últimos datos que baraja UGT implican que el acuerdo afectará a casi 350.000 trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas, tanto interinos como eventuales, estatutarios y del sector público empresarial.
Entre ellos, 130.000 trabajadores de la sanidad pública, 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes, a los que se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación. Mañana por la tarde se reúne asimismo la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, en la que también están representadas las autonomías y los ayuntamientos, en la que Hacienda presentará las líneas generales de los presupuestos de este año.
En esa reunión previsiblemente serán informados de que el salario de los empleados públicos subirá en la misma cuantía que en 2016, un 1%, un porcentaje que Hacienda ha manejado desde el inicio de las conversaciones y que ha sido anticipado por la Mesa del Senado, que ha acordado esta subida para el personal que presta servicio en la Cámara Alta.
El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros, habilitará las convocatorias de empleo público, salvo las destinadas a la educación no universitaria. Para este ámbito el Gobierno planea aprobar, también este viernes, un real decreto para que las comunidades autónomas puedan convocar ya una oferta específica que permita contar con ese personal para el inicio del próximo curso escolar.
El plan también incluye una Oferta de Empleo Público que permitirá reponer todas las bajas que se produzcan en la mayoría de los ámbitos, ya que la restricción de reponer solo el 50% se mantendrá en unos pocos sectores no considerados prioritarios. Durante la negociación entre sindicatos y Hacienda se han incluido como nuevos sectores prioritarios los colectivos que prestan servicio de atención a la ciudadanía, como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, además de la prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Se suman a los que ya tenían establecida una reposición del 100% como educación, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, lucha contra el fraude, gestión de recursos públicos, justicia, y prevención y extinción de incendios.
