Las empresas están ubicadas en un polígono industrial de Barcelona donde se concentra la mayoría de los almacenes de origen chino de Cataluña. Según la investigación sólo declaraban una parte de la mercancía y vendían al mercado negro el 70% de los productos que entraban en España.
Gracias a la nueva ley antifraude, la Agencia Tributaria ha embargado de manera preventiva 84 pisos y locales y más de 200 cuentas corrientes de los implicados, entre los que hay un agente privado de aduanas.