La campaña por la que los Estados miembros se han comprometido a realizar un total de 2.250 pruebas de ADN a alimentos procesados para determinar el alcance del fraude de la carne de caballo vendida como de vacuno comienza este viernes y se extenderá al menos durante un mes.
El número de análisis por países se ha repartido en función del peso del mercado cárnico en cada uno de ellos y España, junto a países como Francia, Reino Unido e Italia, deberá hacer el máximo asignado por Estado miembro: 150. También realizarán otra serie de pruebas para detectar un potente antiinflamatorio para caballo, llamado fenilbutazona, con la intención de "tranquilizar al consumidor", según explicó el comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg.
De esta prueba, Bruselas ha pedido muestras por cada 50 toneladas de carne en el mercado, con un mínimo de cinco test por Estado miembro, lo que en el caso de España supone que se realizarán 115 pruebas, repartidas entre las Comunidades Autónomas.
Los dos tipos de examen se deberán realizar durante el mes de marzo, con posibilidad de prorrogar el plan dos meses más y con el objetivo de que los primeros resultados sean notificados a la Comisión Europea el 15 de abril a más tardar.
España, que en las últimas semanas ya ha tomado muestras, informó el pasado lunes del primer caso de equino no etiquetado en canelones. Los test de ADN y las pruebas para rastrear el fármaco se repartirán de manera proporcional entre las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el volumen de producción cárnica en cada una, según han explicado fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que conducirá los trabajos en coordinación con el Ministerio de Salud y Consumo.
El objetivo de las autoridades nacionales es lograr una prospección lo más amplia posible y por ello las pruebas se realizarán en todas las Comunidades Autónomas y en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el procesado hasta los puntos de venta, pasando por las instalaciones de almacenado y fábricas, explican desde el departamento que dirige Miguel Arias Cañete.
Las arcas comunitarias asumirán el 75% del coste que supondrá esta campaña, unos 3 millones de euros, según cuentas de Bruselas, por unos análisis que cuestan en torno a los 400 euros cada uno.
